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Crece el escándalo por la compra con sobreprecio de respiradores para la pandemia

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Marcelo Navajas, ex ministro de SaludEl ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó a la prensa que hasta ahora el gobierno pagó unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la empresa intermediara IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato.
Bolivia, en donde ya se registraron 199 muertos y casi 5.000 infectados de coronavirus, pagó hasta el momento unos 12.000 dólares por cada equipo, pero el contrato prevé un total de algo más de 27.000 por cada respirador, si se suman unos complementos y la actualización de software.
Este costo por unidad, muy elevado tanto para el mercado español como para el boliviano, fue lo que desató el escándalo y el actual proceso judicial, que tiene en el centro al ahora ex ministro de Salud, Marcelo Navajas.
Pero, al mismo tiempo que el gobierno boliviano reclama más información antes de terminar de pagar, el propietario de IME Consulting, Ignacio Mazarrasa, advirtió hoy que si el gobierno boliviano no cancela la deuda que tienen con él en un plazo de 48 horas, presentará una demanda por daños y perjuicios, informó el diario El Deber.
Sin embargo, el ministro Coimbra solo informó hasta ahora que pedirá a la Fiscalía en España información sobre la situación legal de esta empresa, que es una intermediaria, y no el fabricante de los respiradores, la compañía catalana GPA Innova.
Mientras tanto, el acuerdo está bajo investigación judicial en Bolivia en un proceso por corrupción, con al menos cinco detenidos, entre ellos Navajas.
La compra de los respiradores a una empresa española se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que dos empleados del organismo internacional involucrados también fueron convocados a declarar.
Navajas espera su audiencia bajo detención preventiva en una dependencia judicial, tras haber sido imputado por al menos siete delitos como uso indebido de influencias, uso indebido de servicios y bienes públicos, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, malversación y delitos contra la salud, según informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, reprodujo la agencia de noticias EFE.
En este contexto de tensión, la canciller, Karen Longaric, convocó al cónsul en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, para que brinde un informe presencial sobre su relación con la compra de los respiradores, que además fueron rechazados por cuerpos médicos porque no sirven para las unidades de terapia intensiva del país.
“Hay una investigación y un trámite en curso y la Cancillería ya ha tomado acciones. Yo he convocado al cónsul para que rinda un informe presencial en la Cancillería de todo lo acontecido y esclarezca cuál ha sido su rol en todo este proceso de la adquisición de respiradores”, informó la canciller en una conferencia de prensa.
El caso de los respiradores es el mayor escándalo de corrupción en los seis meses que lleva en el poder Jeanine Áñez, la mandataria interina que asumió el gobierno en una sesión sin quórum en el Senado y luego que el entonces presidente, Evo Morales, denunciara que había sido derrocado por un golpe de Estado cívico-militar-policial.

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