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Familiares de víctimas de protestas exigen justicia, tras dos años de impunidad

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A dos años del estallido de la crisis social en Nicaragua, la Asociación de Madres de Abril (AMA) volvió a pedir justicia por el asesinato de sus familiares, víctimas de la represión del Estado durante las protestas antigubernamentales de 2018, con la presentación de un video inédito que prueba la implicación de las fuerzas policiales y paraestatales en al menos tres homicidios.
En un homenaje virtual, AMA presentó el documento que reconstruye digitalmente el crimen de tres de los ocho manifestantes en Managua el 30 de mayo de 2018 en la denominada Marcha de las Madres, una protesta opositora que coincidió con la celebración del Día de la Madre en el país.
“Es bastante confortante ver que existen las pruebas donde se ve claramente que fue el Estado el que comenzó a atacar la marcha con los disparos de policías y paramilitares”, reconoció a Télam Tamara Morazán, hermana de Jonathan, un estudiante universitario de 21 años asesinado en la protesta.
Basado en el análisis de material audiovisual y de informes forenses y de balística, el video (https://vimeo.com/347120628) fue hecho en conjunto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el estudio neoyorquino SITU Research.
Los expertos se centraron en un hecho concreto para poder ilustrar lo ocurrido en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018, cuando comenzaron por una fallida reforma jubilatoria las protestas contra el presidente Daniel Ortega, tras 11 años de gobierno continuo.
La amplitud de las marchas llevó a Ortega a retirar su reforma, pero esto no fue suficiente para calmar las reivindicaciones en las calles, que sólo empezaron a menguar tras varios meses por una represión sistemática y masiva.
Desde el estallido social de abril, organismos humanitarios nacionales e internacionales cifraron entre 325 y 545 los muertos, mientras que el Ejecutivo solo admitió 199 víctimas y denunció un intento de golpe de estado.
Estas visiones divergentes sobre la crisis dificultaron el esclarecimiento de la verdad, que se convirtió en “un espacio en disputa”, según Claudia Paz y Paz, ex miembro del GIEI, encargado de elaborar un informe sobre la violencia en Nicaragua entre abril y mayo de 2018 que determinó que el gobierno incurrió en delitos de lesa humanidad en su respuesta a las protestas.

Para esta abogada, la reconstrucción realizada es “muy elocuente” para mostrar un patrón que se dio no sólo en la capital, sino también en marchas similares en Estelí, Chinandega y Masaya, donde ese día fueron asesinados otros 12 manifestantes.
“Tener evidencia científica tan sólida es un elemento de convicción muy fuerte para que Nicaragua, pero también el mundo entero, pueda ver lo que ocurrió ese 30 mayo”, opinó.
Si bien no dispusieron de una imagen del momento del impacto contra los jóvenes, los expertos pudieron determinar con diversos análisis que fueron las fuerzas policiales y paraestatales las que dispararon contra los manifestantes.
“Se trató de una acción concertada al más alto nivel porque se extendió en el tiempo y ocurrió en muchos lados con patrones muy similares”, agregó Paz y Paz.#2AñosSinJusticia#30DeMayoEnResistencia https://t.co/xigZTGkySS— Asociación Madres De Abril (AMA) (@MadresDeAbril) May 30, 2020
El resultado de la investigación llenó de “fortaleza” a los familiares de las víctimas, afirmó Tamara, porque los sitúa del “lado correcto de esta historia”.
Educada con el romanticismo de una revolución en el seno de una familia sandinista, la activista no pudo borrar de su mente la imagen del ataque de los paramilitares en la Marcha de las Madres.
“Fue un gran impacto ver esa bandera roja y negra (colores del sandinismo) con armas disparando hacia una población desarmada en una marcha que era sólo de solidaridad con los muchachos asesinados en abril”, admitió Tamara, quien nunca pensó que iba a ser parte “de ese mismo dolor”.
Aunque presentaron una denuncia ante la Fiscalía por la muerte de su hermano, las autoridades “jamás tuvieron la voluntad” de dar respuesta a su demanda, y lo mismo sucede con las más de 100 familias que integran AMA.
Esta falta de justicia fue ratificada por Paz y Paz, quien aseguró que de las 109 muertes violentas documentadas por el GIEI entre abril y mayo de 2018, sólo nueve fueron investigadas y en procesos “completamente espurios”.

Además, los condenados fueron liberados un año más tarde con una amnistía promulgada por el gobierno, precisó.
“Adentro de Nicaragua no se inició ninguna investigación para esclarecer estos crímenes,y, según mi conocimiento, tampoco se hizo en ninguna jurisdicción fuera del país”, lamentó.
La defensora de derechos humanos explicó que, al tratarse de crímenes de lesa humanidad, los países que adhieren al principio de jurisdicción universal, como la Argentina, pueden iniciar investigaciones.
También los parientes pueden presentar denuncias en dichas naciones, pero Paz y Paz consideró que, dada la persistente violación de los derechos humanos en Nicaragua, las condiciones no son las ideales para reunir la evidencia necesaria para un caso de tal magnitud.
Para Tamara y su familia, la intimidación y el asedio de las autoridades son constantes desde el mismo día en que enterraron a su hermano, cuando intentaron profanar su tumba.
Pero los Morazán aprendieron a cuidarse y sobrellevar el hostigamiento gracias a su “sed de justicia”.
“Mi hermano murió por un cambio en Nicaragua y ese cambio se va a dar porque él no murió en vano”, dijo con una voz entrecortada por el llanto y advirtió: “Nuestro clamor por la justicia no va parar hasta que Ortega y sus cómplices paguen por los que nos hicieron y siguen haciendo”.

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