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La corrupción, pesado flagelo para la imperfecta democracia peruana

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Keiko Fujimori, la ex candidata con problemas con la justicia.
La Policía peruana detuvo esta semana al del departamento andino de Arequipa, Élmer Cáceres, acusado por la Fiscalía de entregar públicas por sobornos y comprar el silencio de siete de 14 miembros del regional.
La detención se produjo en momentos en que parece estrecharse el cerco contra otros gobernadores, se espera la extradición del expresidente Alejandro Toledo, se tramita la posible destitución del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el Gobierno busca embajador en Venezuela, pues al escogido, Richard Rojas, le impidió la Justicia salir del país.”La corrupción es una realidad nacional que permea a todas las instituciones”, dijo en entrevista con Télam el politólogo Roger Santa Cruz, respecto a los múltiples casos que involucran a decenas de funcionarios de diverso nivel y de todos los puntos del arco iris ideológico.
“Para combatir el problema, porque erradicarlo es imposible, se requiere de una reforma institucional profunda, una reforma política, una reforma judicial, pero los encargados de hacerlas no las hacen”, añadió Santa Cruz.
Según la Contraloría, en 2019 la corrupción dejó pérdidas por el equivalente a unos 5.900 millones de dólares y en 2020 a unos 5.700 millones. Así, en promedio, Perú pierde al año alrededor de 3,3 % de su Producto Bruto Interno (PBI). Solo 0,7 puntos menos que lo se dedica a Educación.
 

Alberto Fujimori, uno de los ex presidentes que se sentó en el banquillo.
“Con lo que se perdió el año pasado (por corrupción) se hubiera podido eliminar fácilmente la brecha de pobreza que involucra a nueve millones de peruanos”, resumió el contralor general, Nelson Shack.
Si se obvia al centenario general Francisco Morales Bermúdez -sin deudas con la Justicia peruana pero condenado a cadena perpetua por la italiana por violaciones a en su dictadura (1975-1980)-, todos los expresidentes peruanos vivos tienen problemas con la Justicia, salvo el interino Francisco Sagasti (2020-2021).Alberto Fujimori (1990-2000) paga desde 2005 una condena a 25 años, la que incluye varios casos de corrupción, aunque lo vigente son crímenes de lesa humanidad, mientras Toledo (2001-2006), receptor de millonarios sobornos según las pesquisas, hace esfuerzos para que el Gobierno de Estados Unidos no apruebe una extradición a la que la Justicia de ese país le dio luz verde.Ollanta Humala (2011-2016) espera con restricciones en su libertad a que siga su proceso por sobornos, que lo tuvo ya un tiempo en la cárcel; Pedro Pablo Kuczkynski (2016-2018) está en prisión domiciliaria por nexos con la constructora brasileña Odebrecht, y su reemplazante, Martín Vizcarra (2018-2020), enfrenta pesquisas fiscales por hechos de cuando era de Moquegua.
Además, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019, cuando parecía inevitable su encarcelamiento por delitos en el segundo mandato. El expresidente también enfrentó numerosas acusaciones tras su primer período, pero no hubo sentencias.
Los líderes de los mayores partidos del momento, Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP), Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori en ese orden, podrían ir pronto a la cárcel. Al menos así lo piden fiscales que los acusan, entre otros delitos, de formar “organizaciones criminales”.
 

Humala y Garcìa otros dos acusados de corrupción.
Cerrón, a nombre de cuyo partido de izquierda llegó a la presidencia Pedro Castillo, es acusado de integrar una red que hacía negocios oscuros con licencias de conducir. Contra él, además, está vigente una sentencia de cuatro años de prisión suspendida (libertad restringida) por irregularidades cometidas como de Junín entre 2011 y 2014.Fujimori, cuyo partido de derecha es el principal de la oposición y quien estuvo cerca de ganar la presidencia en 2011, 2016 y 2021, es acusada de recibir pagos de Odebrecht y montar una para lavar ese dinero. La Fiscalía pide 30 años de prisión, y de hecho ya pasó varios meses encarcelada en forma preventiva.Cáceres, protagonista del escándalo político-judicial de la semana, no es el primer en esa situación: hay 10 mandatarios departamentales elegidos para este período o los recientes en la cárcel, dos en arresto domiciliario, cinco con sentencias con prisión suspendida, uno está prófugo y 25 enfrentan procesos.
El que afronta la mayor pena es el exgobernador de Áncash César Álvarez, con 25 años porque sus acciones incluyeron un asesinato. Lo sigue el excandidato presidencial Gregorio Santos, que paga 19 años por delitos como de Cajamarca.
El proceso de destitución contra el alcalde limeño Muñoz es porque se le acusa de recibir dinero de la empresa de agua por participar en reuniones de directiva, aunque él asegura que los retornó.
Su antecesor, el conservador Luis Castañeda Lossio, tiene graves acusaciones, pero todo está suspendido por su mal estado de , y la anterior, Susana Villarán, de centroizquierda, enfrenta su causa en libertad, aunque estuvo en prisión preventiva.
También hay decenas de congresistas o excongresistas condenados, procesados o investigados, y la corrupción es una constante en el Poder Judicial, en el que se desarticuló hace poco una poderosa mafia de la que hacía parte el entonces fiscal general, Pedro Chávarry.
Pocas instituciones escapan del festival. El excomandante general del Ejército Edwin Donayre paga cinco años de cárcel porque robaba la gasolina que se le daba a la institución. Fue encarcelado cuando, ya en retiro, era congresista.
Aunque la corrupción llegó a grados extremos en el Gobierno de Fujimori, cuando al mando del asesor Vladimiro Montesinos -condenado a 25 años en 2001- se cometieron delitos de todo tipo, incluido , el asunto sigue, para los analistas, como una de las más graves materias pendientes en la frágil democracia peruana.
“Persecución política”, suelen decir los acusados en un monocorde discurso de respuesta, pero jueces y fiscales, en medio de sus propias limitaciones -corrupción interna incluida-, hacen esfuerzos para acompañar cada caso con pruebas sólidas.

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