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Las protestas en Perú dejaron un saldo de 49 muertos, 531 heridos y 329 detenidos

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Unos 100 bloqueos interrumpían este viernes el tránsito en ocho regiones de Perú, en el décimo día consecutivo de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso y por las que hay 49 muertos y fueron detenidas 329 personas acusadas de “alterar la tranquilidad pública”, mientras el Ministerio Público reveló que tiene abiertas 8 investigaciones para esclarecer hechos de violencia que derivaron en muertes y el Congreso exigió explicaciones al Ejecutivo por la represión.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó por la mañana que había 83 puntos con bloqueos en ocho regiones del país y que eran 15 las autopistas nacionales afectadas, pero se sumaron luego otros cortes, algunos intermitentes, lo que hacía más complejo tener un cuadro exacto de la situación

Las protestas se sienten con mayor fuerza en el sur del país, históricamente marginado y donde el mandatario destituido Pedro Castillo tenía gran parte de su apoyo político, y el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con la policía.

La ciudad de Arequipa se encuentra prácticamente aislada por vía terrestre, consignó este viernes el medio RPP, que precisó que los manifestantes volvieron a bloquear algunos de los accesos que habían sido despejados temporalmente por policías y militares sin que se registraran enfrentamientos directos.

También hay nuevas marchas en Tacna, a 1.224 kilómetros al sureste de la capital, fronteriza con Chile, país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso el jueves “debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa”, informaron las autoridades chilenas, que ya normalizaron el tránsito.

En la región de Cusco, en la que el turismo es un motor de la economía, las autoridades tuvieron que cerrar el jueves el aeropuerto por ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, un atractivo internacional.

Entre las zonas afectadas en Puno, donde se dan las protestas más fuertes, figura la autopista que une la localidad de Chucuito con Desaguadero, uno de los principales puntos de tránsito hacia Bolivia.

Las protestas comenzaron el 7 de diciembre pasado tras la destitución de Castillo y dejaron hasta el momento 42 muertos, 41 civiles y un policía, además del fallecimiento de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de al último balance de la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal indicó que en total abrió ocho investigaciones por las muertes vinculadas a las manifestaciones para determinar las responsabilidades.

Asimismo, precisó que hay 17 causas relacionadas con heridos, 80 para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; así como tres por los ataques a las sedes del Ministerio Público.

La Fiscalía indicó además que “de a las primeras indagaciones”, las protestas provocaron 531 heridos, de los cuales 355 son civiles y 176 policías, mientras que “se registró la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad”.

Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas están resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre, consignó la agencia de noticias AFP.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024. Pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Parlamento a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad de Castillo, detenido en prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.

Durante su participación virtual en la Cumbre de la Voz del Sur Global, una iniciativa del primer ministro de la India, Narendra Modi, la presidenta Boluarte insistió este viernes en que su Ejecutivo trabaja en promover un diálogo nacional por la paz social, la reconciliación, el crecimiento económico y el desarrollo.

“Es un imperativo que, en el marco del respeto a la ley y al Estado de derecho, tenemos que restablecer el orden público y, al mismo tiempo, fortalecer, como Gobierno, nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo.

Casi una paradoja en medio del clima nacional, la mandataria emitió este viernes un decreto -el 004-2023-PCM- que designa al 2023 como “año de la unidad, la paz y el desarrollo”.

El Ejecutivo perdió este viernes a un ministro, el de Trabajo, Eduardo García Birimisa, que renunció disconforme justamente con el manejo gubernamental del descontento social.

Las quejas por la conducta del Gobierno frente a las manifestaciones volvieron al Congreso, donde la Comisión de Justicia y Humanos del Parlamento citó a los ministros José Tello Alfaro (Justicia), Víctor Rojas Herrera (Interior) y Jorge Chávez Cotrina (Defensa) “para que informen sobre las circunstancias de las muertes, heridos y detenciones en contexto de las protestas ciudadanas realizadas a nivel nacional”.

No fue la única movida del legislativo: su Mesa Directiva recibió a la delegación de la Comisión Interamericana de Humanos (CIDH) que está en el país hace dos días y que expresó ante los parlamentarios la “preocupación por las personas que han fallecido durante las violentas protestas”, según escribió en la red Twitter el jefe del parlamento, José Williams.

En tanto, la diputada Kelly Portalatino, de Perú Libre, presentó este viernes una denuncia constitucional contra el gabinete nacional por presuntos delitos en el marco de las protestas en Puno.

“Para que, mediante proceso parlamentario especial, se determine las eventuales responsabilidades que pudieran haber incurrido dichos funcionarios”, reza el texto presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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