1 / 2

Piden la renuncia de la fiscal general de Perú por irregularidades

destacada

Nuevas voces se levantaron esta semana en Perú para exigir la renuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, señalada por supuestas irregularidades que van desde mentir con sus títulos universitarios hasta encubrir a poderosos personajes de la política, la justicia o la delincuencia.

La parlamentaria de centro Susel Paredes, que investiga la forma en que Benavides obtuvo sus títulos de magíster y doctora en derecho, planteó la renuncia como salida para la fiscal, quien se niega a mostrar las tesis que confirman sus logros académicos.

Pero la titular del Público, que lo atribuye todo a revanchas por su papel protagónico en las acciones contra el destituido Pedro Castillo, no solo insistió en que sus logros académicos son válidos, sino que dejó entrever que no hay posibilidades de que dimita.

“A través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir (…). No dejaré que se me use de chivo expiatorio por aquellos que quieren un Público sometido a sus intereses y caprichos personales”, dijo Benavides en un discurso.

Benavides, de 54 años, está bajo escrutinio público desde que asumió el cargo el año pasado y, en una de sus primeras medidas, relevó a una fiscal que investigaba a su hermana Emma, jueza acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de dinero.

Investigaciones periodísticas también hallaron indicios de relaciones de Benavides con “Los Cuellos Blancos”, poderosa banda formada por jueces, fiscales y abogados litigantes para negociar con fallos y dictámenes.

El inusual protagonismo de la Fiscalía contra Castillo, a quien se le abrieron investigaciones que no se habían permitido para presidentes en ejercicio, generó que varios sectores acusaran a su titular de maniobras para ganar favores de la derecha y protegerse de posibles procesos en contra.

“La (actual) fiscal general no tiene autoridad moral para acusar a nadie”, lamentó el politólogo Alonso Cárdenas.

Una de varias de esas polémicas tiene que ver con la y el doctorado que Benavides supuestamente cursó en la universidad Alas Peruanas, que ahora está cerrada por las autoridades por mala calidad académica y cuyos dueños están inmersos en un muy sonado caso de lavado de activos que podría vincularse con el narcotráfico.

Según los datos biográficos, la ahora fiscal hizo sus estudios, que engrosaron su currículum para llegar al cargo, en un tiempo muy corto. Tan corto, que para analistas como Rosa María Palacios es sospechoso. Además, ninguno de los que supuestamente fue su compañero la recuerda de estudiante.

Paredes, quien ha hecho una investigación minuciosa, buscó revisar las tesis, pero la universidad no se las entregó porque dice que se perdieron. La fiscal afirma que ella sí las tiene, pero no las divulgará porque sus adversarios, a los que acusa de buscar popularidad, “solo quieren hacer escarnio”.

“Hago fiscalización, no circo. De un funcionario no se espera silencio, sino descargos. Buscar la verdad no es hacer escarnio”, comentó Paredes, quien desde antes de entrar en política era popular como actriz de televisión y activista LGTBI, por lo que ha respondido con ironías al argumento de que quiere hacerse famosa.

Lo de las tesis, empero, es solo una de las irregularidades que se atribuyen a Benavides, pues sus críticos sostienen que hay otras incluso peores, como la supuesta inacción de la Fiscalía para investigar las cerca de 50 muertes ocurridas en las recientes protestas populares luego de la destitución de Castillo.

Según documentó esta semana la revista Hildebrandt en sus Trece, el fiscal del caso, Marco Huamán, no ha hecho un solo interrogatorio, con el “inverosímil” argumento de que no se ha logrado identificar a los policías y militares que estuvieron en la represión.

“Hechos y documentos comprometen al Público en un pacto por la impunidad”, afirmó el semanario en un reportaje de investigación. Los principales señalamientos en la represión apuntan contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, contra quienes se abrieron investigaciones que están, sin embargo, en punto muerto.

Los cuestionamientos a la fiscal general empezaron desde que asumió el cargo y testigos se ratificaron en que la jueza Emma Benavides negociaba fallos con mafiosos. El caso lo tenía una fiscal con muy buena reputación, Betsabé Revilla, pero se la sacó y todo quedó en nada.

La entonces flamante jefa de la Fiscalía también desmanteló de inmediato al equipo que investigaba las ramificaciones de “Los Cuellos Blancos”, de uno de cuyos miembros principales, Antonio Camayo, se ha documentado que tenía de tiempo atrás contacto frecuente con ella.

El clamor por la renuncia de la jefa del Público se reactivó en marzo, cuando fue condecorada por el alcalde de Lima, el conservador Rafael López Aliaga, pese a que la ley prohíbe que miembros de la Fiscalía reciban favores de quienes, como el burgomaestre, son objeto de investigaciones, en su caso por supuesto lavado de activos.

La ola de sospechas continuó en las semanas recientes, cuando Benavides, tras la extradición desde Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, se acercó a éste para ofrecerle supuestamente un de cooperación.

Entre las muchas personas que señalaron que Benavides no tiene competencia directa con Toledo estuvieron el fiscal del caso, José Domingo Pérez, y el coordinador de fiscalías anticorrupción, Rafael Vela, a quienes se les abrió en respuesta un proceso disciplinario interno.

En el Congreso, entretanto, los partidos de derecha radical que controlan al ente y que apoyan a Boluarte han cerrado filas en favor de Benavides, de quien dicen que es víctima de “caviares”, como llaman despectivamente a sectores de centro y centroizquierda.

En ese marco, el Congreso inició acciones por supuestas irregularidades contra una de las más prestigiosas integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, lo que, según la oposición, apunta a deshacerse de quien es una reconocida objetora de Benavides.

Etiquetas: