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Piden prorrogar el proyecto de urbanización de barrios populares

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Legisladores, funcionarios, representantes religiosos y de organizaciones solicitaron este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que se avance en la sanción del proyecto girado por el Poder Ejecutivo que propone reformar la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos.

La iniciativa fue analizada en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo, y de Legislación General, a cargo del legislador oficialista Lucas Godoy.

La iniciativa del Poder Ejecutivo propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), y agilizar los procesos administrativos, las y mejoras.

A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Al abrir debate, la subsecretaria de de Tierras y Servicios Barriales, Fernanda Garcia Monticelli, destacó la necesidad de lograr la sanción de esta ley donde “proponemos incorporar el nuevo anexo” con los “nuevos barrios”, prorrogar por 10 años la suspensión los desalojos, y “declarar la socio ambiental de los barrios populares, que permitirá agilizar procesos y trabajar”.

También señaló que otro punto es “garantizar el acceso de los servicios públicos” y trabajar “en una tarifa especial para los barrios”.

Ley de 2018

La funcionaria destacó la ley sancionada en el 2018 ya que “con este espaldarazo se empezó a trabajar en el de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana, vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, abierto, transparencia y popular”, explicó.

Asimismo, Monticelli destacó que “actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670 mil beneficiadas con proyectos de integración, generando 163 mil puestos de trabajo”, detalló.

La funcionaria marcó que gracias a esa ley se pudo hacer “un relevamiento histórico” que fue realizado en conjunto por organizaciones y el Estado Nacional, donde se “rastrillaron las de más de 10 mil habitantes, y se detectó que al 2016 había más de 4.416 barrios”.

“Hasta el año 2017 en Argentina no había datos oficiales de los barrios populares, de las villas y los asentamientos, con la cantidad de datos cualitativos y cuantitativos que abundan en los distintos organismos”, señaló.

Palabra del obispo auxiliar

Por su parte, el obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en villas, Gustavo Carrara, dijo que en los barrios populares “ciertamente allí está el núcleo duro de la pobreza e indigencia en la Argentina. Si trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando porque baje la pobreza para evitar tanto sufrimiento y tanto dolor”, señaló.

“Necesitamos un Estado inteligente que escuche y trabaje con las necesidades de las personas”, agregó y detalló que otra “preocupación es el crecimiento del narcotráfico que están muy asociado a la trata de personas, especialmente de niñas y adolescentes”.

Carrara agregó que “el concepto de integración es reconocer a los vecinos y vecinas de barrios populares como protagonistas de su historia y de la construcción de nuestro país y de nuestra patria, necesitamos que se sumen más activamente y de hecho lo hacen”.

“El 15 de octubre se cae la ley y la suspensión de los desalojos y por eso necesitamos la ley con premura”, puntualizó.

Pedidos de otros referentes

La referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares de Rio Negro, Lila Calderón, expresó: “Venimos a pedir que ustedes nos acompañen, tengan empatía y se pongan en lugar del otro. Nadie quiere vivir en esa condiciones había un abandono absoluto del Estado” y agregó que por “eso necesitamos con urgencia la ratificación y de esta ley”.

Señaló que “el simple hecho de tener el certificado de vivienda para nosotros fue todo un logro, hasta ese momento no teníamos nada, vivíamos en la ilegalidad total, y a partir de la ley empezaron los derechos”.

Araceli Ledesma, Referente comunitaria de la Mesa de Barrios Populares, indicó que “esta política sirve y es necesaria para todos los barrios. Deben diagramarse políticas de viviendas asequibles para todas las familias; que todos podamos acceder. La es super necesaria y muy urgente; deben frenarse los desalojos”, pidió.

El diputado nacional del Movimiento Evita Eduardo Toniolli señaló que es necesario aprobar esta ley ya que “además de ampliar la cantidad de barrios incorporados al Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos”.

Desde la oposición, la diputada del Pro Silvia Lospenatto dijo que “celebramos que esta política de Estado sea una de las pocas que haya trascendido dos gestiones y esperamos que se trascienda la próxima, porque no hay forma de resolver este problema de resolver la integración urbana si no es a largo plazo”.

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